Defensoría: 99.51% de adultas mayores en zonas rurales no reciben pensión

Desprotegidas. La Defensoría del Pueblo presentó un informe de Adjuntía N° 006-2019-DP/AAE «Envejecer en el Perú: hacia el fortalecimiento de las políticas para personas adultas mayores», donde revela que el 99.51% de las mujeres adultas mayores de las zonas campesinas no reciben pensión de jubilación así como otros derechos.

El estudio evidencia las condiciones de desigualdad y falta de acceso de las mujeres ancianas, principalmente del campo, en sectores como educación, empleo, vivienda, ambiente sano, salud, y a una vida sin violencia. Además, 95 de cada cien no cuenta con una pensión jubilatoria. Una cifra significativamente alta que impacta en sus condiciones de vida y limita a las mujeres adultas mayores al ejercicio de sus derechos por no tener acceso a la seguridad social.

Cuadro del informe de la Defensoría del Pueblo.

Los datos de este informe fueron presentados en el marco de la campaña a favor de la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el Congreso de la República.

En el 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que solo el 38.7% de la población de 60 años a más está afiliado a un sistema de pensiones, ya sea público o privado. Sin embargo, en el área rural la realidad es más grave, porque alcanza a penas el 7% de afiliación.

Falta protección
Según la Defensoría, esta Convención buscaría proteger y asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores en nuestro país. Este instrumento regional jurídicamente vinculante reconoce que «la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política», como se lee en la página de dicha institución.

En nuestro país existe la Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor, la cual considera todo tipo abandono, ya sea en calle, el hogar, centro de salud y otros lugares y circunstancias, como violencia hacia este grupo en vulnerabilidad.

Esta norma fue aprobada en 2016 durante el gobierno de Ollanta Humala y reglamentada recién en el 2018 a través del Decreto Supremo Nº 007-2018-MIMP.

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